Serie: "Ceuta, algo más que una crisis" - 3

3 - El Gobierno no estuvo ni está a la altura de su responsabilidad.

Durante aquellas horas del 30 de julio, Ceuta sufrió la entrada masiva e incontrolada de miles de personas. No fue una crisis migratoria ordinaria. Tampoco un movimiento espontáneo de población provocado únicamente por la desesperación. Fue una operación de presión política dirigida contra España mediante la utilización deliberada de seres humanos. Fue una invasión.

Conviene decirlo con precisión. Quienes cruzaron la frontera no fueron necesariamente quienes diseñaron la operación. Muchos fueron alentados, empujados o engañados. Se les hizo creer que podrían entrar en territorio español sin encontrar resistencia y se llegó a utilizar a mujeres y a menores para aumentar la presión, multiplicar el impacto emocional y provocar el colapso de la ciudad.

Reconocer ese drama humano no obliga a cerrar los ojos ante la realidad política. Al contrario. La primera obligación de una sociedad responsable consiste en llamar a las cosas por su nombre.

Lo ocurrido en Ceuta fue una invasión de facto.

No hubo tanques, uniformes enemigos ni una declaración formal de guerra. Las agresiones entre Estados ya no siempre se producen de esa manera. En esta ocasión se vulneró masiva y deliberadamente una frontera española y se permitió que miles de personas fueran utilizadas como instrumento de presión contra nuestro país.

El objetivo era evidente: desbordar la capacidad de respuesta de Ceuta, crear una crisis humanitaria y de seguridad y obligar a España a ceder políticamente.

Y mientras todo eso ocurría, el Gobierno dudaba.

Dudaba sobre las palabras que debía emplear. Dudaba sobre la gravedad que debía reconocer. Dudaba sobre la contundencia con la que debía responder. Parecía más preocupado por controlar el relato que por controlar la frontera.

Pero los ceutíes no necesitaban un relato tranquilizador. Necesitaban al Estado.

Porque fueron ellos quienes padecieron directamente las consecuencias. Fueron las familias que sintieron miedo dentro de sus propias casas. Los comerciantes que cerraron sus establecimientos. Los padres que abandonaron apresuradamente sus trabajos para recoger a sus hijos en los colegios. Los ciudadanos que dejaron de reconocer unas calles repentinamente ocupadas por miles de personas. Los agentes que intentaron contener con medios insuficientes una situación extraordinaria. Los sanitarios, funcionarios y miembros de los servicios de emergencia que tuvieron que impedir, prácticamente solos, el derrumbe de los servicios públicos.

Ellos han sido las víctimas olvidadas, no los llamados “migrantes”. 

Se ha hablado mucho —y era necesario hacerlo— de quienes habían sido utilizados para atravesar la frontera. Pero se habló mucho menos de quienes vivían detrás de ella. Como si el miedo de los ceutíes fuese secundario. Como si su angustia pudiera considerarse el efecto inevitable de una crisis cuya responsabilidad nadie parecía dispuesto a asumir.

Pero durante demasiado tiempo, Ceuta estuvo sola. Y aquella soledad no fue una simple deficiencia administrativa. Fue un abandono político. Fue un cálculo político.

Una ciudad de poco más de ochenta mil habitantes no puede asumir por sí misma la llegada repentina de miles de personas. Según nuestra legislación, había que identificar a quienes habían cruzado, comprobar edades, atender a los heridos, proteger a los menores, tramitar solicitudes, habilitar alojamientos, reforzar la seguridad y mantener en funcionamiento los servicios esenciales.

Era materialmente imposible hacerlo sin una intervención inmediata, decidida y visible del Estado.

Pero el Estado llegó tarde. Llegó tarde porque al principio quiso minimizar lo que estaba ocurriendo. Porque se recurrió a palabras cuidadosamente escogidas para evitar reconocer la verdadera dimensión de los hechos. Como si suavizar el lenguaje pudiera disminuir la gravedad de la agresión. Como si una frontera dejara de estar siendo vulnerada porque el Gobierno decidiera describirlo con un vocabulario menos incómodo.

El gobierno debió reconocer que España estaba siendo sometida a una operación hostil que habría obligado al Ejecutivo a reaccionar desde el primer momento con una firmeza que no mostró.

Debió activar el Estado de Sitio.

La prudencia diplomática puede ser necesaria. La cobardía política, nunca.

Un gobierno no está para esconderse detrás de eufemismos. Está para proteger a sus ciudadanos, defender las fronteras, garantizar la seguridad y hacer cumplir la ley. Todo lo demás viene después.

Y esta no es una cuestión ideológica.

La soberanía nacional no pertenece a la izquierda ni a la derecha. La defensa de Ceuta no puede depender del color político del Gobierno ni convertirse en una disputa partidista. Defender una ciudad española no es nacionalismo exaltado. Es la obligación elemental de cualquier Estado digno de ese nombre.

Cuando una frontera española es vulnerada, España entera ha sido vulnerada.

Cuando un agente es desbordado en Ceuta, es la autoridad del Estado la que está siendo desbordada.

Cuando una familia ceutí se siente abandonada, todos los españoles deberíamos sentirnos interpelados.

No sirve afirmar que su situación es compleja. Precisamente porque lo es, necesita una presencia más firme y permanente del Estado, no una atención intermitente que solo se activa cuando la crisis ocupa las portadas de los periódicos.

Ceuta no puede ser española únicamente durante los discursos oficiales. No puede aparecer en la conciencia nacional cuando se produce una emergencia y desaparecer en cuanto las cámaras se marchan.

Necesita inversiones, infraestructuras, seguridad y un verdadero proyecto de futuro. Necesita medios suficientes para proteger su frontera y garantías de que una situación semejante no volverá a repetirse. Necesita que quienes entren irregularmente sean tratados conforme a la ley: quien tenga derecho a protección deberá recibirla y quien no lo tenga deberá ser devuelto con todas las garantías legales.

Pero necesita algo todavía más importante: saber que España no volverá a dejarla sola.

No hay humanidad alguna en ocultar la realidad. La compasión hacia quienes fueron utilizados para forzar la frontera no puede convertirse en indiferencia hacia quienes vivían detrás de ella. Se puede defender la dignidad de las personas que cruzaron y, al mismo tiempo, exigir el respeto absoluto a la soberanía española.

Ambas cosas no son incompatibles.

Lo incompatible con un Estado responsable es contemplar cómo se vulnera una parte de su territorio mientras se discute qué palabras resultan menos comprometedoras.

Marruecos utilizó la presión migratoria como instrumento político contra España. Ceuta fue objeto de una agresión intolerable. Sus ciudadanos fueron abandonados durante demasiado tiempo y el Gobierno reaccionó tarde, intentando inicialmente reducir la gravedad de lo sucedido.

Negarlo no es prudencia.

Es debilidad.

España fue puesta a prueba en Ceuta y no respondió con la rapidez ni con la firmeza que exigían las circunstancias. Reconocerlo no significa atacar a nuestro país. Significa exigirle que aprenda de sus errores para que nunca vuelvan a repetirse.

Porque ningún español debería contemplar desde la distancia cómo una parte de España es vulnerada. Porque la frontera de Ceuta también es nuestra frontera. Porque la seguridad de sus habitantes es responsabilidad de todos y, antes que de nadie, del Gobierno de la nación.

Ceuta no tiene que justificar cada día su españolidad, ni debe pedir comprensión. Tampoco  tiene que disculparse por existir. Ni necesita que nadie le conceda aquello que la historia, la ley y la voluntad de sus ciudadanos ya han establecido.

¡Ceuta es España!

Lo es sin matices, sin condiciones y sin necesidad de pedir permiso a nadie.

El Gobierno llegó tarde. Y su tardanza dejó a miles de españoles con la dolorosa sensación de que, cuando más necesitaban a su país, su país todavía estaba decidiendo cómo llamar a lo que estaba sucediendo.

Pero mientras el Gobierno buscaba las palabras, Ceuta sufría los hechos.

Y quien abandona Ceuta, aunque solo sea durante unas horas, abandona a España.