¿Dónde están nuestros impuestos?

 

Había decidido no escribir sobre la actualidad hasta septiembre. Lo necesitaba por higiene mental. La política española lleva demasiado tiempo instalada en el ruido, en el enfrentamiento permanente y en la sustitución de los problemas reales por una sucesión de eslóganes.

Pero los incendios de estas últimas semanas me obligan a romper ese propósito. Porque, cuando el humo se disipa, siempre aparece la misma pregunta:

¿Dónde está el dinero?

Nos dicen que los incendios son consecuencia del calor extremo. Probablemente lo sean. Pero el calor no limpia los montes, no mantiene los cortafuegos, no abre pistas forestales ni dota de medios suficientes a los servicios de prevención. Eso lo hace la inversión pública.

Primero fue la DANA, que demostró que la naturaleza puede ser devastadora, pero también puso sobre la mesa una incómoda realidad: cuando durante años se posponen inversiones en infraestructuras hidráulicas, limpieza de cauces y obras de prevención, las consecuencias terminan multiplicándose.

Hace algo más de un año sufrimos el gran apagón eléctrico. Meses después seguimos sin una explicación plenamente convincente para los ciudadanos. Mientras tanto, expertos y operadores siguen debatiendo sobre la capacidad de la red, las inversiones necesarias y la planificación del sistema.

La sanidad continúa acumulando listas de espera inaceptables.

Las carreteras muestran un deterioro creciente.

Y el ferrocarril, uno de los grandes orgullos de España, empieza a transmitir una sensación preocupante de pérdida de fiabilidad. Son continuos los retrasos y las cancelaciones. El ejemplo más doloroso lo hemos visto con el accidente del AVE en la provincia de Córdoba, un episodio que ha reabierto el debate sobre la seguridad, el mantenimiento y la protección de las infraestructuras ferroviarias, en la que cada nueva incidencia obliga a preguntarse si estamos dedicando los recursos necesarios a conservar lo que durante décadas costó construir.

Aunque lo verdaderamente inquietante es que todos estos problemas parecen compartir un mismo denominador común: la falta de inversión.

Si la recaudación tributaria está en máximos históricos, entonces surge una pregunta que ningún gobierno debería eludir: ¿Dónde van nuestros impuestos? Porque los ciudadanos pagan más que nunca y el Estado ingresa más que nunca. Sin embargo, la calidad percibida de muchos servicios públicos esenciales no mejora en la misma proporción. En algunos casos, sencillamente empeora.

No podemos olvidar, tampoco, que resulta imposible separar esta realidad de otra anomalía democrática que ya hemos normalizado.

España lleva años funcionando con presupuestos prorrogados.

La Constitución, en su artículo 134, establece que el Gobierno debe elaborar y presentar anualmente el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. No se trata de un mero trámite administrativo; constituye una de las principales obligaciones políticas de cualquier Ejecutivo. Gobernar también significa explicar en qué se va a gastar el dinero de todos y someter esa propuesta al control del Parlamento.

La prórroga presupuestaria puede ser un mecanismo excepcional. Convertirla en una forma habitual de gobernar supone renunciar a uno de los instrumentos esenciales de la democracia parlamentaria. Porque cuando un Gobierno deja de buscar mayorías para aprobar unos presupuestos y se limita a prolongar indefinidamente los anteriores, el problema ya no es únicamente económico. Es también institucional.

Y, mientras tanto, los ciudadanos contemplan con creciente indignación cómo se suceden los casos judiciales, las investigaciones, los escándalos y las sospechas que afectan al entorno del poder. Cada nuevo episodio erosiona la confianza pública y alimenta la sensación de que demasiados recursos se consumen en intereses partidistas mientras las necesidades esenciales permanecen desatendidas. En una democracia madura, la ejemplaridad no es un lujo: es una obligación.

La prevención no da votos. Nadie corta una cinta para inaugurar un incendio que nunca llegó a producirse, una inundación que pudo evitarse o un apagón que jamás ocurrió.

Pero esa es precisamente la misión de un buen gobierno. Porque gobernar no consiste únicamente en reaccionar cuando ya ha sucedido la tragedia. Gobernar consiste en impedir que ocurra.

Y para hacerlo hacen falta prioridades, presupuestos, planificación, transparencia y una gestión rigurosa del dinero público.

Porque, si nunca se ha recaudado tanto como ahora y, sin embargo, cada vez encontramos más carencias en los servicios esenciales, la pregunta ya no admite evasivas.

No basta con pedir más impuestos.

Ha llegado el momento de explicar, con claridad y con cuentas, dónde está el dinero de los españoles. Porque un país no se mide por los impuestos que cobra, sino por la calidad de los bienes comunes que devuelve a quienes los pagan.

Cuando los ciudadanos pagan como nunca y reciben menos de lo esperado, el problema deja de ser fiscal. Es un problema de confianza. Y cuando un Gobierno pierde la confianza de quienes sostienen el Estado con sus impuestos, ya no basta con recaudar más; tiene la obligación de rendir cuentas.