¿Por qué unos pactos son legítimos y otros escandalosos?


No soy votante de VOX. Tampoco soy militante ni simpatizante de ese partido. Lo digo desde el principio porque en España parece haberse instalado la absurda costumbre de que, para defender un principio democrático, primero hay que justificar el carnet político.

Y precisamente por eso me hago dos preguntas que nadie parece dispuesto a responder con honestidad. Pregunta que ya dejaba en el aire en un artículo publicado hace unos meses en este mismo blog titulado   “El doble rasero mediático: cuando la libertad de expresión se decide por conveniencia política”https://dondevuelvenlossuenos.blogspot.com/2026/04/el-doble-rasero-mediatico-cuando-la.html

¿Por qué es un escándalo que el Partido Popular alcance acuerdos de gobierno con VOX, un partido legal, representado en las instituciones, respaldado por millones de españoles y cuya ilegalización jamás ha sido planteada por ningún tribunal? ¿Qué principio democrático vulnera un pacto entre dos partidos que concurren libremente a las elecciones y aceptan las reglas del sistema constitucional?

Sin embargo, quienes presentan ese escenario como una amenaza para la democracia guardan un llamativo silencio cuando el Gobierno de Pedro Sánchez depende desde hace años de partidos cuyo objetivo declarado consiste, precisamente, en debilitar o transformar el Estado tal y como lo define la Constitución.

Resulta difícil entender esa doble vara de medir.

Porque una cosa es discrepar profundamente de VOX —algo perfectamente legítimo— y otra muy distinta sostener que pactar con ese partido es incompatible con la democracia mientras se normalizan acuerdos con fuerzas políticas que han defendido procesos de secesión, han cuestionado la unidad nacional o han condicionado la gobernabilidad a concesiones dirigidas a satisfacer intereses territoriales propios.

La cuestión ya no es quién pacta, sino con quién parece estar permitido pactar.

Durante años se nos ha repetido que la democracia consiste en respetar el resultado de las urnas. Pero esa convicción parece desaparecer cuando el resultado no gusta a determinados sectores políticos o mediáticos. Entonces aparecen los llamados "cordones sanitarios", las apelaciones morales y los discursos apocalípticos.

Curiosamente, esos escrúpulos desaparecen cuando el objetivo es mantener a Pedro Sánchez en el poder.  Entonces cualquier socio resulta aceptable.

Da igual que haya promovido un referéndum ilegal, que reclame la autodeterminación, que aspire a una relación confederal con el Estado o que haga depender su apoyo parlamentario de privilegios políticos o económicos para su territorio. Todo queda justificado en nombre de la "estabilidad".

Es una contradicción difícil de explicar.

Porque la democracia no consiste en decidir qué millones de votos son respetables y cuáles deben ser aislados. Tampoco consiste en convertir la legitimidad parlamentaria en un concepto variable según quién ocupe el Palacio de la Moncloa.

Si VOX es un partido legal, democrático y sometido al mismo marco constitucional que el resto, ¿por qué habría de ser ilegítimo pactar con él?

Y si, por el contrario, se considera aceptable gobernar gracias al apoyo de fuerzas cuyo proyecto político incluye modificar profundamente el modelo territorial del Estado o incluso separarse de él, ¿con qué autoridad moral puede calificarse de inaceptable cualquier otro acuerdo parlamentario?

No es una cuestión de derechas o de izquierdas.

Es una cuestión de coherencia democrática.

Porque una democracia madura no debería tener miedo a los pactos legales. Debería tener miedo, más bien, a la hipocresía de quienes cambian de principios según les convenga conservar el poder.

Al final, la verdadera pregunta no es si el Partido Popular puede pactar con VOX. Y  por qué algunos consideran intolerable ese acuerdo mientras aplauden, justifican o disculpan cualquier otro pacto cuando sirve para que Pedro Sánchez continúe gobernando.

Cuando la legitimidad deja de depender de las urnas y empieza a depender de quién firma el acuerdo, el problema ya no es el pacto. El problema es la doble moral.


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