La política del desprecio: cuando la resistencia al poder se convierte en desprecio a la ciudadanía

¿Qué es lo más preocupante que puede sucederle a una democracia?

Esta es la pregunta que abre este artículo. Y la respuesta no puede ser otra que  la normalización de la falta de respeto hacia las instituciones que deberían sostener una democracia.

Durante demasiado tiempo se ha intentado presentar cada crítica al Gobierno como una simple batalla partidista. Pero hay momentos en los que la discusión deja de estar únicamente en la izquierda o la derecha, en los bloques parlamentarios o en las estrategias electorales. Hay momentos en los que la cuestión fundamental es otra: la relación entre quien gobierna y quienes le han dado —directa o indirectamente— la legitimidad para hacerlo.

La votación de hace unos días del Congreso reclamando que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza y asuma responsabilidades políticas plantea una pregunta incómoda: ¿qué valor tiene la expresión del Parlamento cuando el poder ejecutivo decide escuchar únicamente aquello que confirma sus propios intereses? Lo explicaba el artículo “¿De qué sirve que el Congreso vote por mayoría absoluta que Sánchez se someta a una Cuestión de Confianza y dimita?”, que publiqué en este mismo blog hace unos días: https://dondevuelvenlossuenos.blogspot.com/2026/06/de-que-sirve-que-el-congreso-vote-por.html

Una democracia no puede funcionar como un trámite molesto que se supera con disciplina de partido y consignas cerradas. El Parlamento no es un obstáculo. No es una molestia. No es un escenario donde el Gobierno acude a resistir ataques. Es la institución donde el poder debe rendir cuentas.

Y precisamente ahí aparece una de las mayores críticas que una parte de la sociedad dirige al presidente: la sensación de que responde ante el cuestionamiento institucional con una actitud de superioridad, como si la crítica parlamentaria no fuera una advertencia democrática sino una incomodidad que hay que ridiculizar o minimizar.

La política puede ser dura. El debate puede ser intenso. Pero una cosa es defender una posición y otra muy distinta transmitir que las instituciones solo merecen respeto cuando sirven para respaldar al Gobierno.

La imagen de un presidente que parece responder con ironía, cuando no con burla, distancia o suficiencia, cuando no con arrogancia y chulería, ante las demandas de una parte significativa del Parlamento, alimenta una sensación peligrosa: que el poder se ha acostumbrado a no escuchar.

Y esa sensación se agrava cuando alrededor del Gobierno aparecen situaciones judiciales e investigaciones que afectan a personas de su entorno político o familiar. Es necesario dejar que sean los tribunales quienes determinen responsabilidades, porque en un Estado de derecho nadie debe ser condenado por sospechas. Pero también es legítimo exigir una altura ética y política proporcional a la responsabilidad que se ocupa.

La responsabilidad de un presidente no empieza en una sentencia judicial. La responsabilidad política tiene una dimensión propia: la obligación de explicar, aclarar y preservar la confianza pública. Y dimitir si falla.

Lo preocupante no es solo la existencia de polémicas. Lo preocupante es la reacción ante ellas.

Cuando la respuesta ante cualquier cuestionamiento consiste en cerrar filas, convertir toda crítica en una conspiración y activar una defensa automática sin espacio para la autocrítica, la democracia pierde algo esencial: la capacidad de corregirse.

Y aquí aparece otro elemento clave: el papel del propio partido que sostiene al presidente.

Un partido democrático no debería convertirse en una estructura diseñada únicamente para proteger al líder. La lealtad política no puede confundirse con obediencia absoluta. La defensa de un compañero no puede estar por encima de la defensa de las instituciones.

La historia demuestra que los partidos que renuncian a la crítica interna terminan alejándose de la sociedad que dicen representar. Porque un partido no existe para proteger cargos; existe para defender ideas y servir a los ciudadanos.

El problema de fondo no es que un gobierno sea criticado. Todos los gobiernos lo son. El problema aparece cuando quien ostenta el poder transmite que ninguna crítica merece ser escuchada, que ninguna advertencia merece ser considerada y que cualquier cuestionamiento es simplemente una agresión contra su persona.

Esto nos lleva a plantear una idea profunda sobre la relación entre poder, responsabilidad y humildad política, que la democracia no necesita dirigentes perfectos. Necesita dirigentes conscientes de sus límites.

Un dirigente democrático no es aquel que nunca se equivoca, sino aquel que entiende que puede equivocarse. La diferencia es enorme. El error asumido permite corregir, dialogar y mejorar; el error negado se transforma en arrogancia, y la arrogancia en abuso de poder.

Porque el poder sin humildad acaba convirtiéndose en una forma de aislamiento. Un gobernante que deja de escuchar al Parlamento, que desprecia la crítica y que confunde resistencia con fortaleza puede ganar batallas políticas, pero corre el riesgo de perder algo mucho más importante: el respeto de una parte de la sociedad.

La conciencia de los límites significa comprender que una mayoría electoral no convierte a nadie en dueño de la verdad. Ganar unas elecciones otorga una responsabilidad temporal, no una propiedad sobre las instituciones. El poder democrático no es un premio personal ni una licencia para imponer una visión particular del país; es un mandato condicionado por las leyes, por los controles, por la oposición, por los ciudadanos y por la propia dignidad de la función pública.

Cuando un gobernante pierde la conciencia de sus límites, empieza a confundirse con el propio Estado. Empieza a interpretar cualquier crítica como un ataque, cualquier discrepancia como una amenaza y cualquier institución independiente como un obstáculo. En ese momento la democracia empieza a debilitarse, porque el poder deja de entenderse como servicio y comienza a verse como una posición desde la que todo está permitido y a convertirse en un régimen autoritario. Es el primer paso. 

La democracia necesita dirigentes fuertes, pero la verdadera fortaleza no está en no admitir nunca una derrota, una duda o una crítica. Está en tener la madurez suficiente para reconocer que la autoridad también tiene límites. Porque una democracia sana no se construye con líderes que parecen invulnerables, sino con líderes que saben que su poder es prestado.

Al final, la diferencia entre un gobernante democrático y un gobernante autoritario no está únicamente en las decisiones que toma, sino en la relación que mantiene con sus propios límites. El primero entiende que gobierna para todos. El segundo acaba creyendo que todo debe adaptarse a él.

Y surge la siguiente pregunta:

¿Para qué sirve la mayoría parlamentaria si quienes gobiernan olvidan que la verdadera mayoría que sostiene una democracia es la confianza de los ciudadanos?

Esa confianza no se exige. No se impone. No se protege con discursos.

Se merece.