¿Irresponsabilidad o derecho a la duda?

El editorial de El País (https//social.elpais.com/zol04) señala que Alberto Núñez Feijóo incurre en una "grave irresponsabilidad" por expresar dudas sobre el censo electoral y sobre el proceso de incorporación de nuevos electores acogidos a la Ley de Memoria Democrática. La afirmación es contundente.

Quizá demasiado.

Porque en una democracia madura, cuestionar un procedimiento administrativo no equivale a deslegitimar la democracia. Al contrario: forma parte de la obligación de quienes aspiran a gobernar.

Resulta llamativo que un periódico que durante décadas ha defendido la necesidad de la transparencia institucional considere ahora que pedir garantías sobre un proceso electoral constituye un ataque al sistema. La confianza pública nunca puede construirse sobre la prohibición de preguntar.

Toda administración está sometida al principio de control. Se auditan las cuentas públicas, se revisan las oposiciones, se fiscalizan los contratos y se supervisan las subvenciones. ¿Por qué habría de convertirse el censo electoral en un ámbito inmune a cualquier cuestionamiento político?

El editorial afirma que Feijóo "siembra la desconfianza". Sin embargo, la verdadera desconfianza no nace de quien pide explicaciones, sino de quien pretende que determinadas actuaciones públicas queden al margen de cualquier examen crítico. Nadie discute que miles de descendientes de españoles puedan ejercer un derecho reconocido por la ley. Esa es una cuestión jurídica. Lo que puede debatirse —y debe poder debatirse— es si el procedimiento administrativo garantiza plenamente la seguridad jurídica, la correcta identificación de los solicitantes, los plazos, los controles y la actualización efectiva del censo.

Plantear estas preguntas no supone acusar a funcionarios o diplomáticos de actuar incorrectamente. Significa reconocer que las instituciones no se sostienen sobre la fe, sino sobre procedimientos verificables.

Sorprende especialmente que el editorial presente cualquier duda sobre la Ley de Memoria Democrática como si implicara un ataque a los empleados públicos encargados de aplicarla. Es una confusión deliberada.

Los funcionarios ejecutan la ley. No la diseñan. No deciden su oportunidad política ni responden de sus posibles consecuencias. Fiscalizar una decisión política nunca equivale a desacreditar a quienes la administran.

En realidad, el fondo del debate es otro.

La ampliación del censo derivada de la Ley de Memoria Democrática tiene una evidente dimensión política. Incorpora potencialmente a cientos de miles de nuevos electores residentes fuera de España, cuyos votos pueden resultar determinantes en determinados procesos electorales. Y precisamente por esa trascendencia, exigir la máxima transparencia debería ser una exigencia compartida por todos los partidos y por todos los medios de comunicación.

Curiosamente, cuando en otros países se cuestionan censos, recuentos o procedimientos electorales, numerosos analistas consideran legítimo reclamar auditorías, observadores independientes o mayores controles. En España, sin embargo, parece que formular preguntas sobre el censo constituye una amenaza para la democracia.

Ese doble rasero resulta difícil de entender. Porque la confianza democrática no consiste en aceptar sin discusión todas las actuaciones del poder. Consiste precisamente en que el poder pueda ser examinado sin que quien pregunta sea inmediatamente acusado de irresponsable.

Un líder de la oposición tiene el deber constitucional de controlar al Gobierno. No únicamente de esperar su turno para gobernar.

La democracia necesita instituciones sólidas, pero también necesita oposición. Y una oposición útil no es la que guarda silencio para evitar editoriales incómodos, sino la que exige explicaciones cuando considera que existen cuestiones relevantes para el interés general.

El verdadero riesgo para la democracia aparece cuando determinados medios empiezan a presentar esas preguntas como si fueran, por sí mismas, un acto de deslealtad institucional. No cuando alguien formula preguntas incómodas. Porque entonces el debate deja de centrarse en los hechos y pasa a centrarse en quién tiene permiso para dudar. Y una democracia en la que dudar se convierte en un pecado político empieza a parecerse demasiado a un sistema que ya no confía en la fuerza de sus propias instituciones.

Las democracias fuertes no temen el escrutinio. Lo necesitan. Y quienes confían de verdad en la limpieza de un procedimiento deberían ser los primeros interesados en despejar cualquier duda, no en descalificar a quien la plantea.