Cuando las coincidencias dejan de parecer casuales

Tenía intención de evadirme de la actualidad, al menos hasta septiembre, y dedicarme a escribir sobre cualquier otra cosa. Pero es imposible. Entre los incendios forestales y la presión migratoria sobre Ceuta y todo lo demás, España vuelve a encontrarse ante un patrón que el Gobierno prefiere mirar de lado, como si la gravedad de los hechos se redujera por el simple recurso del silencio.

Durante días, los incendios han monopolizado con razón la atención pública. Montes arrasados, pueblos evacuados, miles de hectáreas convertidas en ceniza. Pero mientras el país contemplaba esa devastación, otra crisis de enorme magnitud avanzaba casi en segundo plano: la llegada masiva de personas a Ceuta por vía marítima.

Y aquí es donde empiezan las preguntas incómodas.

La primera es elemental: ¿por qué ahora? Las llegadas masivas no suelen surgir por generación espontánea. Requieren concentración de personas, conocimiento de rutas, organización previa y, sobre todo, ausencia de obstáculos eficaces, no hay fuerzas del orden marroquíes que hagan frente en origen. Resulta legítimo preguntarse si un movimiento de esta dimensión puede producirse sin que, como mínimo, existan tolerancias, omisiones o cálculos políticos en el entorno fronterizo. ¿Quizás tenga algo que ver el propio rey de Marruecos? No olvidemos que Sánchez se reunió con los gobernantes de Argelia al día siguiente de la final del Mundial y no olvidemos que Argelia y Marruecos son países que no tienen muy buenas relaciones, por no decir que son enemigos. ¿Falso cálculo de Sánchez? ¿Algún rédito que quiere alcanzar el rey alauita?

La segunda pregunta apunta directamente al marco jurídico y a sus efectos prácticos. Cualquier cambio en las reglas sobre devoluciones, entradas y permanencia modifica también los incentivos. Y cuando cambian los incentivos, cambian las rutas, las estrategias y la presión sobre las fronteras. Solo tenemos que pararnos a leer lo mollar de la sentencia del 8 de julio del Tribunal Supremo. 

La tercera cuestión es todavía más grave: si las autoridades de Ceuta consideran que la situación es extraordinaria, ¿por qué el Gobierno no ha respondido con la contundencia que exigiría una crisis de esta naturaleza? ¿Por qué no se activan todos los recursos disponibles del Estado cuando una parte de nuestro territorio afirma que su capacidad está al límite y nuestras fronteras están siendo violadas en masa? Y una pregunta capciosa para los más mayores: va la pregunta, ¿la avalancha de hoy no os recuerda a la Marcha Verde? La ciudadanía merece una explicación clara, no una suma de frases burocráticas y gestos de complacencia.

Porque aquí ya no hablamos solo de inmigración. Hablamos de gobernanza.

Hablamos de si el Estado responde con la misma rapidez y seriedad a todas las crisis o si algunas reciben trato preferente según el coste político, el calendario o la conveniencia ideológica del momento.

Los incendios exigían una movilización inmediata. La presión sobre Ceuta también exige una respuesta rápida, firme y proporcional. Una democracia madura debería ser capaz de afrontar ambas realidades sin disimulos ni jerarquías artificiales. Una tragedia no debería servir para ocultar otra.

Y, sin embargo, ese parece ser el método del Gobierno: convertir cada crisis en un ejercicio de relato, minimizar la evidencia incómoda y confiar en que la saturación informativa haga el resto. Pero hay momentos en los que las coincidencias dejan de parecer casuales y empiezan a exigir una explicación política mucho más seria.

No corresponde a los ciudadanos demostrar que existe una estrategia detrás de cada episodio. Esa es precisamente la tarea del Ejecutivo: informar, explicar y actuar con transparencia. Cuando esas explicaciones no llegan, o llegan tarde y mal, la sospecha deja de ser un exceso retórico para convertirse en una consecuencia lógica de la opacidad.

La cuestión de fondo va mucho más allá de la política migratoria. Se trata de la obligación esencial de cualquier Estado: proteger a sus ciudadanos y garantizar la integridad de su territorio. Porque Ceuta no es una periferia simbólica ni un problema administrativo. Ceuta es España. Sus ciudadanos son españoles y merecen exactamente la misma protección que cualquier otro territorio nacional. Sus fronteras no son fronteras de segunda categoría ni zonas grises donde el Estado puede permitirse parecer ausente.

Y precisamente por eso preocupa tanto la tibieza del Gobierno. Porque cuando una crisis supera la capacidad ordinaria de respuesta, la primera obligación del poder no es gestionar su propio desgaste, sino proteger a la población, restablecer el orden y demostrar que el Estado sigue siendo capaz de ejercer su autoridad.

Las fronteras de Ceuta son una frontera exterior de España y de la Unión Europea. Su protección no es una cuestión ideológica, sino una exigencia básica de soberanía, seguridad y responsabilidad institucional. Defender esa frontera no es un gesto contra nadie; es una obligación hacia todos. Y sobre todo de la Unión Europea, es su frontera sur.

La solidaridad con quienes cruzan el mar no puede convertirse en renuncia al control. Un Estado que abdica de su capacidad para ordenar sus fronteras no se vuelve más humano: se vuelve más débil. Y un Gobierno que transmite la sensación de que la presión sobre su territorio puede crecer sin una respuesta proporcional erosiona algo mucho más grave que su credibilidad: erosiona la confianza de sus propios ciudadanos.

Los vecinos de Ceuta no deberían sentirse abandonados ni tratados como ciudadanos de segunda. Cuando una parte del territorio nacional soporta una presión extraordinaria, toda España debería responder como si el problema estuviera ocurriendo en cualquiera de sus ciudades.

Y eso es exactamente lo que está ocurriendo.