Cuando la inteligencia está mal empleada, la corrupción deja de ser una excepción.

Hace unos días que no he podido publicar ningún artículo por un asunto familiar. Por suerte, el panorama hoy es distinto y he podido sentarme a leer y me he encontrado con esta frase de Honoré de Balzac en el periódico "El Mundo": 

"Hay personas tan astutas para el fraude que prefieren ganar mil francos en corromper a un funcionario o esconder su riqueza, antes de pagar quinientos en impuestos legítimos." 

Y he decidido escribir una reflexión sobre la frase, puesto que adquiere una actualidad incómoda en la España actual: 

En los últimos años hemos asistido a una sucesión de investigaciones, imputaciones, juicios y condenas por corrupción que han afectado a distintos partidos políticos, administraciones y responsables públicos. Casos como la trama Koldo, las investigaciones que alcanzaron al entorno del Gobierno, las causas que afectan a antiguos responsables del PSOE, o procedimientos que también han implicado a antiguos dirigentes del PP en diferentes etapas, han ocupado durante meses las portadas y los tribunales. Algunas de estas causas continúan abiertas y otras ya cuentan con resoluciones judiciales. 

Lo verdaderamente preocupante no es únicamente la existencia de estos casos. Porque la corrupción ha existido siempre y probablemente seguirá existiendo mientras existan personas dispuestas a vender su integridad.

Lo alarmante es la sensación de normalidad.

Cuando un nuevo escándalo apenas provoca sorpresa; cuando la defensa política consiste en recordar la corrupción del adversario en lugar de explicar la propia; cuando la exigencia de responsabilidades depende del color del investigado y no de la gravedad de los hechos, la corrupción deja de ser un accidente para convertirse en un elemento más del paisaje político.

Y es precisamente ahí donde Balzac vuelve a tener razón. Porque el fraude nunca es una cuestión exclusivamente económica. Es una forma de entender el poder.

Quien utiliza un cargo público para favorecer intereses privados no está intentando ahorrar dinero. Está convencido de que las reglas existen para los demás.

Quien manipula una contratación pública, quien compra voluntades, quien coloca a personas por afinidad política en lugar de por mérito o quien utiliza recursos públicos para beneficio particular comparte la misma lógica que describía Balzac hace casi dos siglos: emplear el talento para esquivar la legalidad en lugar de servir al interés común.

Pero sería un error atribuir toda la responsabilidad a los políticos. Porque la corrupción necesita un ecosistema. Necesita empresarios dispuestos a pagar comisiones, funcionarios que miren hacia otro lado,  asesores que diseñen mecanismos para ocultar decisiones, necesita ciudadanos que justifiquen a "los suyos" mientras condenan a "los otros". Y necesita una sociedad que termine aceptando que todos hacen lo mismo.

Ese es el mayor triunfo de la corrupción.

No el dinero robado.

Si no, el deterioro de la confianza.

Porque cuando los ciudadanos dejan de creer en la imparcialidad de las instituciones, en la limpieza de las adjudicaciones o en la igualdad ante la ley, el daño trasciende a los protagonistas de cada caso. Se erosiona el vínculo entre el ciudadano y el Estado, alimentando un clima de desafección que debilita la calidad democrática. (El País)

Por eso la respuesta no puede consistir únicamente en endurecer el Código Penal. Hace falta algo mucho más difícil. Recuperar una cultura de responsabilidad pública. Que un cargo dimita cuando pierde la confianza. Que la ejemplaridad vuelva a ser una exigencia y no un eslogan. Que los partidos dejen de proteger a los suyos hasta que la sentencia sea inevitable. Y que los ciudadanos dejen de medir la corrupción con un doble rasero ideológico.

Balzac nos dejó una advertencia extraordinariamente vigente.

La inteligencia puede construir hospitales, empresas, universidades y prosperidad. O puede emplearse para diseñar redes clientelares, ocultar patrimonio, amañar contratos o comprar silencios.

La diferencia nunca está en la capacidad intelectual.

Está en la conciencia.

Y cuando una sociedad admira más al que consigue burlar las reglas que al que las respeta, el problema ya no pertenece únicamente a los tribunales. Pertenece a la cultura cívica de todo un país.