Cuando hasta Antonio Maestre lo ve

Hay ocasiones en las que la realidad derriba las trincheras ideológicas. Momentos en los que las etiquetas dejan de importar porque los hechos terminan imponiéndose. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando alguien como Antonio Maestre, habitualmente alineado con posiciones muy alejadas de las mías, afirma que considerar lo que sucede únicamente como una crisis migratoria y no como un episodio de guerra híbrida impulsado por Marruecos constituye una gravísima irresponsabilidad, como apuntaba en mi artículo de ayer, publicado en este mismo blog, Cuando las coincidencias dejan de ser casuales https://dondevuelvenlossuenos.blogspot.com/2026/07/cuando-las-coincidencias-dejan-de.html. 

No suelo compartir las opiniones de Maestre. De hecho, discrepo de él en la inmensa mayoría de sus análisis políticos. Pero precisamente por eso sus palabras tienen hoy un valor extraordinario. Porque no proceden de la oposición, ni de quienes llevan años denunciando la pasividad del Gobierno. Proceden de alguien cuya trayectoria hace imposible despachar esta reflexión como una simple consigna partidista.

Lo sucedido en Ceuta no puede seguir analizándose con el lenguaje burocrático de los ministerios ni con los eufemismos de quienes gobiernan desde un despacho en Madrid. España no se enfrenta únicamente a un fenómeno migratorio. Se enfrenta a la utilización deliberada de seres humanos como instrumento de presión política por parte de un Estado vecino.

Eso tiene un nombre y se llama guerra híbrida, como dice Maestre.

Es una estrategia que no necesita tanques ni misiles para poner en jaque la soberanía de un país. Y entonces basta con abrir o cerrar una frontera, activar o desactivar los controles policiales, permitir la salida masiva de personas desesperadas y observar cómo el Estado receptor soporta el coste económico, social, político y humano de la operación.

Negarlo es cerrar los ojos.

Y lo más preocupante no es que Marruecos utilice esa herramienta. Lo verdaderamente escandaloso es la actitud del Gobierno español.

Pedro Sánchez lleva años aceptando una relación profundamente asimétrica con Rabat. Cada crisis termina resolviéndose con nuevas concesiones, más financiación y más silencio. España paga. Marruecos decide cuándo la frontera permanece tranquila y cuándo vuelve a convertirse en un instrumento de presión diplomática.

¿Puede llamarse a eso una política exterior seria?

Difícilmente.

Un Estado que depende de la voluntad de otro para garantizar la integridad de sus propias fronteras ha renunciado a una parte esencial de su soberanía. Mientras tanto, el Gobierno insiste en presentar cada episodio como un fenómeno aislado, como una circunstancia coyuntural, como si todo pudiera solucionarse con más recursos económicos y nuevas transferencias a quien precisamente posee la llave del problema.

La consecuencia de esa estrategia es devastadora.

Los ciudadanos de Ceuta y Melilla viven con la sensación de ser españoles de segunda categoría. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad soportan una presión creciente. Y quienes intentan acceder irregularmente a España son utilizados como simples piezas de una negociación política que los convierte en víctimas de una estrategia que nada tiene que ver con la solidaridad.

Proteger las fronteras no es una opción ideológica. Es una obligación constitucional de cualquier gobierno. Y defender la soberanía nacional no es un discurso extremista. Es la primera responsabilidad de un Estado.

Y reconocer que un país extranjero utiliza los flujos migratorios como instrumento de presión tampoco significa demonizar la inmigración ni criminalizar a quienes buscan un futuro mejor. Significa describir con honestidad una realidad que numerosos analistas internacionales llevan años señalando.

Quizá lo más revelador de todo sea que haya tenido que ser Antonio Maestre quien pronunciara unas palabras que muchos otros han evitado decir por miedo a ser etiquetados.

Cuando las evidencias consiguen atravesar incluso las fronteras ideológicas, el Gobierno debería preguntarse si el problema no reside en quienes lo denuncian, sino en quienes se empeñan en seguir negándolo.

Porque la historia demuestra que las naciones no suelen perder su soberanía de un día para otro. La pierden poco a poco, cada vez que sus gobernantes prefieren la comodidad del relato a la obligación de afrontar la realidad. Y cuando eso ocurre, el precio siempre lo terminan pagando los ciudadanos.