¿Miedo a las urnas?

Hay frases que, por incómodas, terminan describiendo una época mejor que cualquier tratado de ciencia política.

Una de ellas podría ser esta: 

«La izquierda española es tan democrática que prefiere seguir manteniendo un gobierno corrupto antes que dar la voz al pueblo». 

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La afirmación es dura. Provocadora. Incluso injusta para muchos votantes de izquierdas que nada tienen que ver con las decisiones de sus dirigentes. Pero contiene una pregunta que hoy recorre España de forma cada vez más insistente: ¿por qué quienes se presentan como los grandes defensores de la democracia parecen mostrar tanto temor a que los ciudadanos vuelvan a pronunciarse en las urnas?

La democracia no consiste únicamente en ganar elecciones. Tampoco en repetir constantemente que se posee legitimidad parlamentaria. La democracia es, sobre todo, una actitud. Una forma de entender el poder como algo prestado y temporal. Cuando un gobierno se ve rodeado por sospechas, escándalos, investigaciones judiciales o una pérdida evidente de confianza pública, la respuesta natural en una democracia madura no debería ser atrincherarse, sino consultar nuevamente a los ciudadanos.

Sin embargo, la sensación que transmite hoy la izquierda gobernante española es exactamente la contraria.

Durante años, la izquierda ha construido buena parte de su discurso sobre la superioridad moral. La corrupción era presentada como un fenómeno estructural de la derecha. Los escándalos ajenos eran considerados una amenaza para la calidad democrática. Se exigían dimisiones inmediatas, responsabilidades políticas fulminantes y elecciones anticipadas ante cualquier indicio de irregularidad.

Pero cuando las sospechas alcanzan al propio entorno del poder, los principios parecen volverse extraordinariamente flexibles.

Lo que antes era intolerable pasa a convertirse en una cuestión secundaria. Lo que antes exigía una reacción inmediata ahora requiere prudencia, contexto, matices y tiempo. Mucho tiempo.

La consecuencia es devastadora para la credibilidad de las instituciones. No porque exista corrupción —la corrupción ha existido en todos los sistemas políticos y bajo gobiernos de todos los colores— sino porque se percibe una doble vara de medir. Y pocas cosas erosionan tanto una democracia como la convicción de que las reglas cambian según quién ocupe el poder.

España vive además una situación especialmente delicada. La fragmentación parlamentaria ha convertido la supervivencia del Gobierno en un complejo ejercicio de aritmética política. Cada votación se negocia. Cada apoyo tiene un precio. Cada socio parlamentario adquiere una capacidad de influencia desproporcionada.

En ese contexto, la prioridad parece haber dejado de ser gobernar para convertirse en resistir.

Resistir un día más.

Resistir una semana más.

Resistir una legislatura más.

El poder deja entonces de ser un instrumento para aplicar un proyecto político y pasa a convertirse en un fin en sí mismo.

Y es precisamente ahí donde surge el problema de fondo.

Cuando un gobierno considera que su permanencia resulta más importante que la opinión actual de los ciudadanos, comienza a deteriorarse el espíritu democrático que dice defender. La legalidad puede mantenerse intacta. La legitimidad parlamentaria también. Pero la confianza social empieza a resquebrajarse.

Lo paradójico es que quienes más invocan la palabra «democracia» son hoy quienes parecen menos dispuestos a someterse a su prueba más elemental: las elecciones.

Se dirá que las urnas ya hablaron. Es cierto.

Se dirá que existe una mayoría parlamentaria legal. También es cierto.

Pero ambas afirmaciones eluden la cuestión principal: cuando una parte creciente de la sociedad percibe que el Gobierno está más preocupado por sobrevivir que por rendir cuentas, la solución democrática no consiste en multiplicar los discursos ni en desacreditar a los críticos. Consiste en devolver la palabra a los ciudadanos.

Porque la democracia no se fortalece cuando un gobierno logra mantenerse pese a todo. Se fortalece cuando acepta que el poder pertenece al pueblo y que, en determinadas circunstancias, volver a preguntarle no es una derrota.

Es una obligación moral.

Quizá el verdadero problema de la izquierda española actual no sea la corrupción, las investigaciones o los escándalos que la oposición denuncia cada día. Quizá el problema más profundo sea otro. Que después de décadas proclamando que la democracia consiste en escuchar al pueblo, ha llegado el momento de comprobar si realmente está dispuesta a hacerlo.