Lo imperdonable no es la corrupción. Es el abandono.
Sobre esta idea quiero aportar mi visión personal.
La corrupción es una de las enfermedades más graves que puede sufrir una democracia. Corroe las instituciones, degrada la confianza de los ciudadanos y convierte el servicio público en un instrumento al servicio de intereses particulares. Cada euro robado es un ataque directo a la sociedad. Cada favor concedido al margen de la ley erosiona un poco más los cimientos de la convivencia.
Pero, siendo todo ello gravísimo, existe algo todavía peor.
El abandono.
Porque el dinero robado puede recuperarse. Las leyes pueden reformarse. Los corruptos pueden ser juzgados y condenados. Sin embargo, hay una herida mucho más profunda y difícil de cerrar: la que deja un Estado que desaparece cuando sus ciudadanos más lo necesitan.
Eso es lo que muchos valencianos sintieron durante los días posteriores a la riada.
Mientras el agua se retiraba dejando tras de sí destrucción, barro, vehículos amontonados y hogares arrasados, miles de personas permanecían aisladas. Sin electricidad. Sin agua potable. Sin comunicaciones. Sin información. Sin saber cuándo llegaría la ayuda.
Familias enteras sobrevivían como podían, organizándose entre vecinos, compartiendo recursos escasos y esperando que alguien apareciera.
Y nadie llegaba.
Pasaban las horas. Después los días.
Tres días.
Tres días son una eternidad cuando no tienes agua, cuando no puedes contactar con tus seres queridos, cuando desconoces si habrá asistencia médica para quien la necesita o cuando observas la devastación que te rodea sin que aparezca una respuesta institucional visible.
No estamos hablando de una región olvidada del planeta. No estamos hablando de un Estado fallido. No estamos hablando de un país devastado por una guerra. Estamos hablando de Valencia. Estamos hablando de España. Estamos hablando de Europa. Estamos hablando del siglo XXI.
Y precisamente por eso resulta tan difícil de comprender y tan imposible de justificar.
El verdadero contrato entre el ciudadano y el Estado no se pone a prueba en los días normales. Se pone a prueba en las emergencias. Cuando todo funciona, cualquier administración parece eficiente. Cuando llega la catástrofe es cuando descubrimos si las instituciones estaban realmente preparadas para cumplir con su obligación fundamental: proteger a los ciudadanos.
Cuando esa protección falla durante horas, hablamos de un problema.
Cuando falla durante días, hablamos de algo mucho más grave.
Hablamos de un fracaso institucional.
Un fracaso que no puede diluirse entre informes, ruedas de prensa, comisiones o discusiones partidistas. Porque detrás de cada cifra había personas reales. Había ancianos atrapados. Había familias desesperadas. Había negocios destruidos.
Había ciudadanos que contemplaban con incredulidad cómo el Estado que sostenían con sus impuestos parecía incapaz de llegar hasta ellos.
Sin embargo, hay algo que me preocupa incluso más que el propio fracaso.
La rapidez con la que una parte de nuestra sociedad parece haber decidido asumirlo como algo normal.
Como si fuera inevitable.
Como si las grandes catástrofes justificaran cualquier nivel de desorganización.
Como si tres días de espera fueran simplemente una consecuencia lógica de las circunstancias.
No lo son.
Precisamente para las circunstancias excepcionales existen los planes de emergencia, los protocolos, los recursos públicos y las estructuras de protección civil. Precisamente para los momentos más difíciles existe el Estado.
Y cuando ese Estado no responde con la rapidez y eficacia que la situación exige, los ciudadanos tienen el derecho —y la obligación moral— de exigir explicaciones y responsabilidades. No por revancha. No por partidismo. No por interés electoral. Sino por respeto a quienes sufrieron.
Porque una democracia madura no mide su fortaleza por la capacidad de sus gobernantes para conservar el poder. La mide por la capacidad de la sociedad para exigir cuentas cuando las instituciones fallan.
Los gobiernos pueden sobrevivir a los escándalos, a las críticas y a las derrotas parlamentarias. Lo que no debería poder sobrevivir sin una profunda rendición de cuentas es el abandono de los ciudadanos durante una emergencia de semejante magnitud.
Porque cuando nadie llega. Cuando la ayuda tarda demasiado. Cuando los vecinos tienen que sustituir al Estado. Cuando la solidaridad ciudadana ocupa el espacio que deberían ocupar las instituciones. La cuestión ya no es quién gobierna. La cuestión es mucho más profunda.
La cuestión es qué queda del Estado cuando desaparece precisamente en el momento en que más se le necesita.
Y esa pregunta, muchos meses después, sigue esperando una respuesta convincente.
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