¿Qué más tiene que pasar?

Durante años, la izquierda española ha repetido una idea casi religiosa: que la estabilidad institucional está por encima de todo. Por encima del desgaste, de los escándalos, de las contradicciones y, a veces, incluso por encima de la coherencia moral de quienes sostienen el poder. Pero llega un momento en el que una democracia debe hacerse una pregunta incómoda: ¿qué límite existe realmente para retirar el apoyo a un gobierno?

La pregunta vuelve hoy con fuerza tras el terremoto político provocado por el escándalo que salpica a José Luis Rodríguez Zapatero, convertido desde hace años en una especie de “faro moral” de parte de la izquierda española. Y es precisamente ahí donde aparece una contradicción difícil de ignorar.

Porque conviene recordar algo que parece haberse borrado deliberadamente de la memoria política reciente: fue durante el gobierno de Zapatero cuando estalló el 15-M.

No ocurrió bajo un gobierno conservador. No sucedió en tiempos de austeridad liberal clásica. Ocurrió bajo un Ejecutivo socialista que había llegado al poder envuelto en un discurso de progreso social y cercanía con la ciudadanía.

Y, sin embargo, la realidad acabó siendo otra.

El paro juvenil superó el 40 %. Miles de familias perdían sus viviendas mientras crecía la sensación de que los bancos eran rescatados antes que las personas. Los ciudadanos comenzaron a percibir una distancia enorme entre la vida real y el discurso político. El malestar no era únicamente económico; era también moral. 

La izquierda institucional, que durante años había hablado en nombre de la protección social, terminó aprobando:

• bajadas salariales a funcionarios,
• congelación de pensiones,
• recortes,
• reformas laborales,
• y políticas de austeridad dictadas desde fuera.

Aquello provocó una ruptura emocional con gran parte de su propio electorado.

Por eso resulta tan llamativo observar cómo algunos sectores políticos presentan hoy a Zapatero como símbolo ético incuestionable, casi como referente intelectual de una izquierda moderna y democrática, cuando fue precisamente durante su mandato cuando nació una de las mayores explosiones de indignación social de la democracia española.

El 15-M no surgió por casualidad. Surgió porque millones de personas sintieron que nadie las representaba.

“No nos representan” no era un lema contra un partido concreto. Era una acusación contra todo un sistema político que parecía haberse encerrado en sí mismo.

Y quizá por eso la pregunta actual resulta todavía más incómoda.

¿Qué tendría que ocurrir exactamente para que los socios parlamentarios del Gobierno decidieran retirar su apoyo?

Porque los argumentos utilizados en otros tiempos para justificar protestas, mociones de censura o rupturas éticas parecen hoy suspendidos en una especie de relativismo político donde todo depende de quién ocupe el poder.

Sí, durante otros gobiernos se consideraba intolerable:

• la erosión institucional,
• las sospechas de corrupción,
• las redes clientelares,
• o la degradación de la confianza pública,

¿Por qué ahora el umbral parece mucho más alto?

La política española vive una paradoja inquietante: partidos que construyeron parte de su identidad denunciando precisamente estas prácticas sostienen hoy que cualquier alternativa sería peor que mantener al actual Ejecutivo.

Y así, la moción de censura —que debería ser una herramienta legítima de control parlamentario— se ha convertido casi en un tabú político, no por principios democráticos, sino por cálculo ideológico.

Tal vez el problema ya no sea únicamente lo que hace el Gobierno.

Tal vez el verdadero problema sea que una parte del sistema político ha decidido que no existe ninguna línea roja suficiente para dejarlo caer.

Y cuando una democracia pierde la capacidad de establecer límites políticos y morales coherentes, el desgaste institucional deja de depender de un solo partido.

Afecta a todo el sistema.