La caída del mito: las devastadoras consecuencias políticas y morales de la imputación de Zapatero

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Plus Ultra ha abierto una grieta política y moral de dimensiones históricas dentro del PSOE y del propio Gobierno de Pedro Sánchez. Más allá del recorrido judicial que tenga la causa —y más allá de la imprescindible presunción de inocencia que ampara a cualquier ciudadano, y que comentaba en mi anterior artículo— el golpe institucional ya está producido. El daño político existe. El deterioro moral es evidente. Y la crisis de credibilidad apenas acaba de comenzar.

Porque una democracia seria no puede funcionar sobre la ficción permanente de que una imputación de semejante gravedad es un simple incidente administrativo sin consecuencias públicas. Cuando un expresidente del Gobierno es investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, el problema deja de ser individual. La sospecha alcanza inevitablemente al entorno político que lo protegió, lo promocionó, lo utilizó como referente moral y lo convirtió durante años en símbolo de legitimidad democrática.

El PSOE se enfrenta ahora a una contradicción brutal. Durante décadas construyó buena parte de su identidad política sobre una supuesta superioridad ética frente a la derecha española. No era solo un partido progresista: era, según su propio relato, un partido moralmente mejor. Más limpio. Más comprometido con las instituciones. Más digno.

No  se puede olvidar, de ninguna manera, la frase en la que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero define su motivación: «ser socialista es tener normalmente muy poco y estar dispuesto a dar mucho», que pronunció estas palabras originalmente en octubre de 2021 durante un acto del Partido Socialista. Y más recientemente, esta afirmación ha circulado en el debate público y redes sociales debido a su mención en medios como El Debate y El Confidencial

No hablamos de un dirigente secundario ni de un cargo territorial olvidado. Hablamos del hombre que gobernó España durante dos legislaturas. Del referente ideológico permanente de la izquierda institucional. Del expresidente convertido en mediador internacional, comentarista político y consejero moral del sanchismo. Del dirigente al que el PSOE ha seguido utilizando como símbolo de autoridad democrática incluso después de abandonar La Moncloa.

La magnitud política del golpe es proporcional al pedestal en el que el propio PSOE colocó a Zapatero.

Por eso resulta tan reveladora la reacción inmediata del aparato socialista: cerrar filas, desacreditar la investigación y agitar el concepto de “lawfare” antes incluso de que avance el procedimiento judicial. La estrategia no es nueva. Consiste en transformar cualquier investigación incómoda en una conspiración política, convertir al investigado en víctima y presentar a jueces, policías o periodistas como actores de una operación de persecución ideológica.

Pero esa reacción tiene un coste democrático enorme.

Porque si cada vez que un dirigente próximo al poder es investigado se responde cuestionando la legitimidad judicial, lo que se erosiona no es solo la causa concreta: se erosiona la confianza en el Estado de derecho. La democracia no puede sobrevivir si las resoluciones judiciales son aceptadas únicamente cuando benefician a los propios.

El problema para el PSOE es todavía más profundo. Durante años exigió dimisiones inmediatas a dirigentes del PP simplemente por aparecer mencionados en investigaciones judiciales. Construyó campañas enteras sobre la ejemplaridad pública. Elevó la corrupción ajena a categoría de crisis moral nacional. Y ahora pretende que la imputación de un expresidente socialista sea interpretada poco menos que como una anomalía técnica o una persecución política.

La doble vara de medir resulta insoportable incluso para parte de su propio electorado.

Hay una diferencia esencial entre defender la presunción de inocencia y negar cualquier relevancia política a unos hechos gravísimos. La primera es una obligación democrática. La segunda es puro sectarismo.

Y aquí aparece otro elemento devastador: la erosión del relato moral del sanchismo.

Pedro Sánchez ha construido buena parte de su legitimidad política sobre la idea de regeneración frente a la corrupción. La moción de censura contra Mariano Rajoy se sostuvo precisamente sobre esa bandera ética. El PSOE aseguró entonces que la corrupción no era solo un problema penal, sino una degradación estructural de la confianza pública.

Ahora ese discurso vuelve como un bumerán.

Porque el ciudadano medio observa una realidad incómoda: el partido que llegó al poder prometiendo limpieza institucional se encuentra hoy defendiendo desesperadamente a uno de sus mayores símbolos políticos frente a acusaciones gravísimas relacionadas precisamente con influencia política, redes de poder y dinero.

El efecto psicológico sobre la opinión pública puede ser demoledor.

No solo por lo que ocurra judicialmente, sino porque se rompe algo mucho más profundo: la credibilidad moral. Y cuando un partido pierde la autoridad moral sobre la que ha construido su identidad, entra en una fase de desgaste mucho más peligrosa que una simple crisis electoral.

Además, la imputación de Zapatero amenaza con abrir una fractura interna silenciosa dentro del socialismo español. Muchos dirigentes territoriales saben que la defensa cerrada del expresidente puede convertirse en un lastre electoral insoportable. Especialmente en un contexto de fatiga política, polarización extrema y creciente desconfianza ciudadana hacia las élites.

El temor real en sectores del PSOE no es únicamente judicial. Es simbólico.

Porque si la figura de Zapatero queda definitivamente asociada en el imaginario colectivo a presuntas redes de influencia y utilización del poder político para favorecer intereses privados, el daño histórico para la marca socialista puede durar décadas.

Y hay otro elemento todavía más inquietante: el deterioro institucional.

España atraviesa desde hace años una crisis de confianza en prácticamente todos los poderes públicos. Parlamento, partidos, medios de comunicación, justicia, sindicatos e incluso la propia idea de representación política sufren un desgaste constante. En ese contexto, la imputación de un expresidente agrava la sensación de que existe una élite política desconectada de las exigencias morales que se imponen al ciudadano común.

La percepción social de impunidad resulta letal para cualquier democracia.

Cuando la ciudadanía empieza a creer que el poder opera bajo reglas distintas, aparece el cinismo político. Y cuando el cinismo se instala, el populismo encuentra terreno fértil.

Por eso esta crisis trasciende a Zapatero.

No se trata únicamente de determinar responsabilidades penales. Se trata de evaluar el deterioro político y moral que produce en una democracia el hecho de que un expresidente del Gobierno aparezca vinculado judicialmente a una trama de presunto tráfico de influencias relacionada con dinero público.

La imputación de Zapatero no es todavía una condena. Pero sí es ya un terremoto político.