Cuando el saqueo se convierte en sistema

 

La frase Frédérick Bastiat, economista y diputado francés, no describe una distopía lejana. Describe una enfermedad política que aparece siempre que el poder deja de sentirse vigilado y comienza a considerarse propietario del Estado. Y en la España actual, demasiados ciudadanos tienen ya la amarga sensación de que esa enfermedad ha dejado de ser una excepción para convertirse en método.

Porque el problema de la corrupción no son únicamente los sobres, las mordidas, las comisiones o los contratos amañados. Eso es solo la superficie visible. El verdadero problema aparece cuando quienes deberían avergonzarse consiguen convertir el abuso en rutina, la mentira en relato oficial y la impunidad en derecho adquirido.

Entonces nace algo mucho más peligroso: un ecosistema entero dedicado a justificar el saqueo.

Ya no basta con robar. Hay que fabricar un discurso que convierta al corrupto en víctima, al denunciante en enemigo y al ciudadano indignado en un extremista incómodo. Y para lograrlo se moviliza todo: asesores, propagandistas, medios subvencionados, estructuras partidistas y satélites ideológicos que repiten consignas hasta intentar anestesiar a la sociedad.

España vive hoy atrapada en ese mecanismo perverso.

Los partidos que sostienen el poder —muchos de ellos construidos precisamente sobre discursos de regeneración democrática— han terminado defendiendo exactamente aquello que juraron combatir. Han descubierto que la corrupción deja de ser intolerable cuando garantiza ministerios, presupuestos, cuotas de poder o supervivencia parlamentaria. Y así, lo que ayer era “indecente”, hoy se convierte en “contextualizable”. Lo que antes exigía dimisiones inmediatas ahora merece prudencia, matices y silencios estratégicos.

La degradación moral comienza siempre así: no cuando aparecen los corruptos, sino cuando desaparece la vergüenza de protegerlos.

Y, mientras tanto, al ciudadano corriente se le exige ejemplaridad absoluta. El autónomo paga hasta el último céntimo. El trabajador soporta impuestos crecientes. El pequeño empresario sobrevive entre trabas y burocracia. Pero arriba, en demasiadas ocasiones, las reglas parecen distintas. Allí se negocian privilegios, se colonizan instituciones, se reparten cargos y se blindan estructuras bajo la vieja lógica del clientelismo: colocar a los tuyos, proteger a los tuyos y resistir hasta que el escándalo siguiente tape el anterior.

Eso también es saqueo.

Saqueo del dinero público, sí. Pero sobre todo saqueo de la confianza colectiva. Porque una democracia no muere únicamente cuando desaparecen las elecciones. Muere también cuando millones de personas dejan de creer que la ley es igual para todos.

Lo más inquietante es que este deterioro ya ni siquiera intenta ocultarse demasiado. Se normaliza. Se teatraliza. Se convierte en espectáculo diario. Los mismos dirigentes que hablan constantemente de ética pública actúan como si las instituciones fueran patrimonio privado. Y quienes los sostienen prefieren mirar hacia otro lado mientras sigan participando del reparto.

La historia demuestra que ningún sistema basado en la impunidad es eterno. Todos terminan chocando contra la realidad. Pero antes de caer suelen dejar un país dividido, empobrecido moralmente y agotado por el cinismo.

Por eso el mayor peligro no es solo la corrupción. El mayor peligro es acostumbrarse a ella. Aceptar que “todos son iguales”. Resignarse. Callar. Asumir que el abuso forma parte inevitable de la política.

Ese es el triunfo definitivo del saqueador: convencer a la sociedad de que la decencia es imposible.

Y precisamente por eso todavía merece la pena combatirlo. Con memoria. Con crítica. Con exigencia. Y con la convicción firme de que ningún gobierno, ningún partido y ningún líder está por encima de la nación a la que dice servir.