Un año del apagón: castigo al ciudadano, impunidad para los responsables

Hoy se cumple un año del gran apagón. Doce meses después, lo único que ha quedado claro es lo de siempre: cuando falla el sistema, quien paga es el ciudadano. Ni una sola responsabilidad política depurada, ni una dimisión relevante, ni una explicación convincente. Silencio, burocracia y, como guinda, una factura de la luz un 20% más cara. 

Durante días nos dijeron que se investigaría “hasta el final”. Que habría transparencia. Que se tomarían medidas para que no volviera a ocurrir. La realidad es mucho más cruda: el foco se desvió rápidamente hacia los operadores eléctricos, convertidos en chivos expiatorios a golpe de sanciones multimillonarias. Sanciones que, como cualquiera con un mínimo de sentido común sabe, no desaparecen en el aire: se trasladan, directa o indirectamente, al consumidor.

Así funciona este juego perverso. El sistema falla, pero la política se blinda. Se castiga a las empresas con dureza —de cara a la galería— mientras se evita cualquier autocrítica real sobre decisiones regulatorias, planificación energética o gestión de crisis. Y al final, el ciudadano paga dos veces: primero con la incertidumbre y el impacto del apagón; después, con una factura inflada.

Lo más indignante no es solo el encarecimiento. Es la sensación de impunidad. ¿Quién tomó las decisiones previas que pudieron contribuir al colapso? ¿Quién supervisó los riesgos? ¿Quién coordinó la respuesta? Preguntas legítimas que siguen sin respuesta. En su lugar, se nos ofrece un relato cómodo: “ya se ha actuado”. Pero no, no se ha actuado donde realmente importa.

Mientras tanto, las familias ajustan presupuestos, las pequeñas empresas recortan márgenes y la electricidad —un bien básico— se convierte en un lujo progresivo. Todo ello en nombre de una supuesta corrección del sistema que, paradójicamente, no ha corregido lo esencial: la falta de responsabilidad política.

Un año después, el apagón no es solo un recuerdo incómodo. Es un síntoma. El síntoma de un modelo en el que los errores públicos se socializan y las responsabilidades se diluyen. Donde la rendición de cuentas es una promesa vacía y la factura siempre termina en el mismo buzón: el del ciudadano.

Hoy no hay nada que conmemorar. Hay, más bien, mucho que exigir. Porque sin responsabilidades reales, sin transparencia y sin respeto al consumidor, el próximo apagón —sea eléctrico o institucional— no será una sorpresa, sino una consecuencia.