“Gobernar a Gritos: Urgencias, Grietas y Pactos con Uno Mismo”

 Pedro Sánchez se ha convertido en el símbolo perfecto de una paradoja democrática: un presidente obligado a pactar sus propias medidas urgentes… con su propio Gobierno. La escena, repetida ya demasiadas veces, transmite hacia fuera una sensación de desgobierno y fatiga institucional que trasciende a la izquierda y a la derecha. Y, sin embargo, detrás del ruido hay una oportunidad: o esta coalición aprende a gestionar el desacuerdo con altura de miras o terminará reforzando el argumento de quienes sostienen que España es, por naturaleza, ingobernable.

Un Gobierno que negocia consigo mismo

El ciudadano que enciende la televisión o abre el móvil se encuentra siempre la misma secuencia: filtraciones cruzadas, pulsos entre ministerios, amenazas veladas de “plantón” en el Consejo de Ministros cada vez que toca aprobar un nuevo paquete “urgente”. La urgencia, a fuerza de repetirse, empieza a parecer un género retórico más que una reacción responsable ante una crisis real.

Que un Gobierno de coalición negocie internamente no solo es lógico, sino saludable: obliga a confrontar ideas, a que nadie tenga el monopolio de la verdad ni del relato. El problema aparece cuando la discusión deja de ser programática y pasa a ser teatral; cuando la prioridad ya no es mejorar la medida, sino ganar el titular del día siguiente. Cuando el debate interno se convierte en espectáculo público, el mensaje que cala no es “pluralidad”, sino “fragilidad”.

Ética de la urgencia y ética de la coherencia

La ética de gobierno no se mide solo por el contenido de las medidas, sino por la jerarquía de prioridades que se desprende de cómo se deciden. Si el Ejecutivo proclama que estamos ante una situación excepcional —inflación persistente, impacto internacional en combustibles y energía, hogares al límite—, el ciudadano tiene derecho a exigir una conducta a la altura de ese lenguaje.

No es ético invocar la urgencia para recortar deliberación social y parlamentaria, mientras se normaliza el regateo interno como si fuera un reality show político. No es ético pedir sacrificios a la ciudadanía y, al mismo tiempo, exhibir que las verdaderas batallas se libran entre socios por matices de relato, por cuotas de autoría o por guiños a nichos electorales muy concretos. La primera víctima de ese estilo no es la oposición: es la confianza de los propios votantes.

¿Medidas suficientes o política de parches?

En el plano material, los paquetes de ayudas y rebajas fiscales presentan luces y sombras. Es evidente que alivian: bajar la factura de la luz, contener el golpe de los combustibles o reforzar los bonos sociales supone oxígeno inmediato para muchos hogares y empresas. Negarlo sería caer en una oposición puramente gestual, incapaz de reconocer que la maquinaria del Estado todavía tiene capacidad de amortiguar los golpes.

Pero también es evidente que buena parte de estas decisiones funcionan como parches sobre problemas estructurales: un mercado de la vivienda tensionado hasta el absurdo, una dependencia energética que se corrige a golpe de improvisación, un modelo laboral donde los trabajadores pobres siguen existiendo aunque las estadísticas de empleo mejoren. El Gobierno presume de récords macroeconómicos, pero la sensación en la calle es la de estar viviendo en un “mientras tanto” permanente. Y un país no se gobierna a base de “mientras tanto”.

Una oposición responsable también es obligatoria

Ser crítico con el Gobierno no implica desear su fracaso. Una oposición seria no se limita a señalar las grietas, sino que ofrece caminos realistas para reforzar el edificio. Eso pasa por tres cambios de enfoque:

1. Exigir menos épica y más claridad: transparencia total sobre el coste, el alcance y la duración de cada medida; qué se pretende, a quién ayuda y quién paga la factura.

2. Pasar del corto al medio plazo: insistir en reformas profundas en vivienda, energía y protección social, que reduzcan la necesidad de decretos exprés cada tres meses.

3. Elevar el nivel del debate: abandonar la idea de que cada paquete de medidas es un plebiscito sobre el Gobierno, y tratarlo como lo que es: una herramienta concreta para afrontar problemas concretos.

Desde esa posición, la crítica puede ser firme sin ser destructiva. Se puede denunciar la teatralización constante de la coalición y, al mismo tiempo, ofrecer apoyo puntual a medidas necesarias, condicionándolo a mejoras concretas y verificables. Renunciar a ese espacio de oposición cooperativa es regalar al Gobierno el monopolio de la responsabilidad.

La oportunidad de rectificar sin humillarse

También el propio Ejecutivo tiene una salida digna. Reconocer que el país necesita menos dramatización interna y más previsibilidad no equivale a dar la razón a la oposición; equivale a respetar a la ciudadanía. La coalición puede seguir siendo plural sin convertirse cada semana en una coreografía de ultimátums. Y puede rectificar el alcance de las medidas sin presentarlo como una derrota, sino como una escucha activa de las demandas sociales.

En última instancia, la pregunta no es si las medidas urgentes son perfectas —no lo serán—, sino si el Gobierno y la oposición están dispuestos a tratarlas como políticas de Estado o como simple munición partidista. Hoy, por desgracia, el espectáculo interno del Ejecutivo alimenta la segunda opción. Pero sigue habiendo margen para lo contrario: para convertir la crítica en motor de mejora, y no en simple ruido.

Si algo demuestra esta etapa es que la democracia no solo se erosiona por los errores del adversario, sino también por la incapacidad de pactar con uno mismo. Y ahí, Gobierno y oposición comparten más responsabilidad de la que están dispuestos a admitir.