“Cuando el Estado llega a la muerte pero no a la vida”.
Noelia tenía 25 años. Murió tras solicitar la eutanasia, en un proceso avalado por la ley y ratificado por la justicia, que desestimó el recurso presentado por su padre. Todo se hizo conforme al procedimiento. Todo fue, en apariencia, correcto.
Y, sin embargo, algo profundamente incorrecto permanece.
Porque cuando una sociedad necesita refugiarse en la legalidad para explicar la muerte de una joven, es que ya ha empezado a aceptar como normal lo que en realidad debería resultarle insoportable. La ley puede ordenar un proceso. Puede garantizar derechos. Pero no puede sustituir aquello que un Estado del bienestar está obligado a ofrecer: cuidado, presencia, acompañamiento real.
Noelia ejerció su derecho. Nadie debería discutir eso. Pero el hecho de que pudiera hacerlo no agota la responsabilidad pública sobre su historia. Más bien la amplía. Porque la pregunta no es si podía morir, sino por qué vivir dejó de ser una alternativa suficientemente acompañada.
En los últimos meses, España ha debatido con intensidad sobre inflación, sobre el impacto de las guerras —desde Ucrania hasta la escalada entre Estados Unidos e Irán— y sobre la pérdida de poder adquisitivo. Se ha señalado, con razón, la debilidad de un Estado que reacciona tarde en lo económico. Pero el caso de Noelia revela una forma de fracaso mucho más grave: la incapacidad de llegar a tiempo cuando lo que está en juego no es el bienestar material, sino la propia voluntad de seguir viviendo.
Aquí no hay atajos retóricos posibles. Un sistema que permite —legalmente— que una joven de 25 años muera, pero que no puede garantizar con la misma eficacia una red de apoyo emocional, psicológico y social que haga verdaderamente libre su decisión, es un sistema incompleto. Y quizá algo peor: un sistema que ha aprendido a protegerse detrás de sus propias normas.
La intervención judicial, que avala el proceso frente a la oposición de su padre, refuerza esa sensación. La justicia ha cumplido su función: aplicar la ley. Pero precisamente por eso el problema se desplaza. Cuando todo funciona dentro del marco legal y, aun así, el resultado es una muerte que deja una herida social evidente, la cuestión ya no es jurídica. Es política. Y es moral en el sentido más cívico del término.
El Estado no puede limitarse a certificar decisiones individuales extremas sin preguntarse por las condiciones que las hacen posibles. No puede reducir su papel a garante de procedimientos mientras se desentiende de los contextos que conducen a ellos. Porque entonces deja de ser un Estado del bienestar para convertirse en un gestor administrativo del sufrimiento.
La historia de Noelia conecta, de forma incómoda pero inevitable, con el momento que vive el país. Un Estado tensionado por la inflación, debilitado por la inacción y atrapado en sus propias contradicciones, que llega tarde a casi todo. Tarde a la economía, tarde a la política… y, en algunos casos, también tarde a las personas.
Noelia tuvo derecho a morir. Eso es indiscutible.
La duda —la que incomoda, la que permanece— es si tuvo, de verdad, todas las oportunidades necesarias para querer vivir.
Y esa pregunta ya no la responde ni la ley ni los tribunales. Esa pregunta interpela directamente a un Estado que, una vez más, llega cuando ya no queda nada por hacer.
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