¿Debe hablar el Papa en el Parlamento? Una pregunta mal planteada

 

Hace un par de días leí en el diario "El País"  en su sección de opinión, una columna en la que planteaba una pregunta que ha generado debate: ¿es correcto invitar al Papa a hablar en el Parlamento de un país aconfesional? (https://elpais.com/opinion/2026-06-10/el-debate-es-correcto-que-se-invite-al-papa-a-hablar-en-el-parlamento-de-un-pais-aconfesional.html). 

Puede ser una pregunta razonable, pero contiene un error de partida que condiciona todo el debate posterior. España no es un país aconfesional, pero sí mayoritariamente católico. Lo que es aconfesional es el Estado.

Puede parecer una diferencia menor, pero no lo es. 

La Constitución establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Es una garantía de neutralidad institucional. El Estado no pertenece a ninguna religión y ninguna religión pertenece al Estado.

Sin embargo, la Constitución no afirma que la religión católica deba desaparecer de la vida pública ni que la sociedad española carezca de identidad religiosa.

Y aquí aparece un hecho objetivo que a menudo se intenta minimizar: España ha sido históricamente un país de tradición católica y sigue siendo, aunque de forma menos intensa que en el pasado, una sociedad mayoritariamente vinculada cultural, histórica y socialmente al catolicismo. 

Las grandes fiestas nacionales, buena parte del patrimonio artístico, las celebraciones populares, numerosas tradiciones locales, el calendario festivo e incluso muchos elementos de nuestro lenguaje cotidiano tienen raíces cristianas y, más concretamente, católicas.

Reconocer esta realidad no supone imponer una creencia a nadie. Supone simplemente describir un hecho histórico, sociológico y evidente.

La neutralidad del Estado no exige negar la realidad de la sociedad a la que sirve.

Sin embargo, En determinados sectores parece haberse instalado la idea de que la aconfesionalidad obliga a las instituciones a actuar como si la tradición religiosa mayoritaria del país nunca hubiera existido.

Es una interpretación, cuanto menos extraña, de la neutralidad.

Un Estado neutral no es un Estado amnésico.

La neutralidad consiste en no favorecer jurídicamente a una confesión frente a las demás. No consiste en borrar la historia, ignorar las tradiciones o fingir que la religión ha sido irrelevante en la construcción de la nación.

Resultaría difícil comprender España sin las catedrales, los monasterios, las universidades fundadas por órdenes religiosas, las peregrinaciones, la Semana Santa, las fiestas patronales o el inmenso legado artístico producido durante siglos bajo inspiración cristiana.

Negar esa realidad no hace más neutral al Estado. Lo hace menos consciente de sí mismo.

Entonces ¿Por qué sorprende en ciertos medios e ideologías que hable el Papa en el Parlamento?

La verdadera pregunta quizá sea otra.

¿Por qué genera polémica que intervenga el Papa y no que lo hagan otras personalidades con posiciones ideológicas, filosóficas o morales muy definidas?

Los parlamentos democráticos invitan regularmente a intelectuales, activistas, dirigentes internacionales o representantes de organizaciones de muy diversa naturaleza.

Escucharlos no implica compartir sus opiniones.

Del mismo modo, escuchar al Papa no significa convertir el Parlamento en una institución confesional.

Además, el Papa no es únicamente el líder espiritual de millones de católicos. Es también el jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano y una figura internacional cuya voz interviene habitualmente en cuestiones relacionadas con la paz, la inmigración, la pobreza, la ética, la tecnología o el medio ambiente.

La representatividad social también importa. 

Hay además un aspecto que rara vez se menciona.

En democracia, las instituciones deben representar a todos los ciudadanos, pero no pueden actuar como si todos los grupos sociales tuvieran la misma presencia o el mismo peso histórico.

La igualdad jurídica es absoluta.

La relevancia social no siempre es idéntica.

España alberga creyentes de múltiples religiones y también ciudadanos sin creencias religiosas. Todos merecen el mismo respeto institucional. Pero también es cierto que el catolicismo continúa siendo la tradición religiosa con mayor implantación social, cultural e histórica en el país.

Ignorar este hecho en nombre de una neutralidad mal entendida conduce a una paradoja: se pretende representar mejor a la sociedad ocultando precisamente algunos de sus rasgos más característicos.

Una democracia segura de sí misma no teme escuchar, y su fortaleza se mide por su capacidad para escuchar voces diversas sin sentirse amenazada por ellas.

Un Parlamento que recibe al Papa no deja de ser aconfesional. Del mismo modo que no deja de ser democrático cuando escucha a sindicalistas, empresarios, científicos, filósofos o activistas.

La madurez institucional consiste precisamente en distinguir entre dar la palabra y otorgar privilegios.

Lo primero forma parte del pluralismo. Lo segundo sería incompatible con la neutralidad del Estado.

En conclusión, la pregunta planteada por El País contiene una confusión inicial que conviene corregir. España no es un país aconfesional; es un Estado aconfesional dentro de una sociedad plural que mantiene una profunda herencia cultural católica y en la que el catolicismo continúa siendo la referencia religiosa mayoritaria.

Una vez aclarado ese punto, la presencia del Papa en el Parlamento deja de parecer una anomalía democrática. Puede discutirse la oportunidad política de la invitación, como ocurre con cualquier otra personalidad pública. Pero resulta difícil sostener que escuchar al representante de la tradición religiosa que más ha influido en la historia de España constituya una amenaza para la aconfesionalidad del Estado.

Al contrario. Una democracia madura debería ser capaz de escuchar esa voz —como cualquier otra voz relevante— sin complejos, sin privilegios y sin miedo. Porque la neutralidad institucional no exige olvidar quiénes somos, sino garantizar que nadie sea excluido por lo que cree o deja de creer.